Santo Domingo-. Dos delegaciones presidenciales del gobierno haitiano visitaron al procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez, en sus gestiones por conocer la experiencia del país en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.
Las delegaciones fueron encabezadas por el comisionado presidencial de la República de Haití para la Reforma del Código Penal y Código de Instrucción Criminal, René Magloire, quien expresó interés en como opera la justicia dominicana tras la nueva normativa jurídica, en término de los diferentes roles de jueces, fiscales y policías.
El magistrado Jiménez ofreció todo el apoyo necesario desde la Procuraduría para contribuir a la aplicación de las reformas judiciales en el vecino país.
Dijo que siempre se presentan resistencia a los cambios, y que en el caso dominicano, tras casi cinco años del nuevo Código Procesal Penal, los saldos son notablemente más positivos que negativos en lo que respecta a los derechos humanos.
Expresó que el anterior sistema inquisitorio se prestaba a diferentes arbitrariedades desde los diferentes agentes del sistema de justicia.
El procurador Jiménez estuvo acompañado del director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, quien fue uno de los co redactores del nuevo Código Procesal Penal. Su experiencia y la de otros técnicos de la Procuraduría, la pusieron a disposición de las autoridades haitianas.
Núñez dijo que han llevado una intensa agenda internacional y resaltó la importancia de los intercambios de la comunidad jurídica Domínico-Haitiana.
La delegación la presidieron además, el comisionado presidencial de la República de Haití para la Reforma de la Justicia, Micha Gaillard, así como por Salim Succar, Max Morpeau y Jean Roudy Aly, quienes desempeñan las funciones de miembros de ese organismo.
Durante la conversación se trató aspectos relacionados al ejercicio del Derecho en los dos países, llegando a resaltarse que en Haití hay unos 3,000 abogados y en el país casi alcanzan los 40,000.
La delegación haitiana expresó el interés del presidente René Preval de propiciar reformas judiciales, involucrando al sector público y a organizaciones de la sociedad civil.
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